Más que un intento de golpe, el 30-S (30 de septiembre) parece que el Gobierno quiso hacer de eso una película. Nadie duda de que los incidentes se realizaron, que los policías rompieron su juramento. Lo que ha variado es la forma de querer transmitir al pueblo que ese día se quiso derrocar al presidente, cuando esa no era la razón del reclamo policial.
Se sabe que por medallas, reconocimiento o por algún acto especial era ya una tradición entregar bonos en la institución, que alcanzaban casi los 27 millones; al reestructurar las partidas (presupuesto) que maneja el Estado, se suprimieron las mismas y la inconformidad dentro de las filas policiales se hizo evidente, aparte de que el ánimo ya venía caldeado desde hace tiempo con mensajes y panfletos anónimos. Esa acción fue el detonante o explosión de algo que ya venía cuajándose dentro de esos trabajadores públicos, así que ese día no fue más que un asunto laboral-social que debió habérselo tratado con mucho tino; lo que no existió. Ahora se quiere vender que ese día triunfó la democracia. Correa tuvo un alto grado de imprudencia que pudo haber terminado en una desgracia para él, porque se lo iba a llevar a los altares como “santo”, sin haber pasado un proceso. Lastimosamente se perdieron vidas, dejando a hijos huérfanos, madres solas y mujeres viudas, a las que una casa, una pensión o cualquier cosa no ayudarán para llenar el vacío que esas muertes les dejó.
Lo que más les duele de pronto es la ineficiencia judicial en el esclarecimiento de la verdad del 30-S. No solo perdieron los familiares de las víctimas, sino todo el Ecuador. Policía y Gobierno, principales actores de este hecho, deben hacer conciencia que mientras se desarrolló todo ese drama en Quito, el país estuvo a merced de maleantes y gente desocupada que también pecó y robó a diestro y siniestro.
Así lo viví y lo vi en Guayaquil en las calles 38 y Portete, cuando camiones repartidores de colas, agua, almacenes, etcétera, fueron desvalijados, digno de una película de terror; por lo que no vi razón para ahora festejar nada, sino que lo que se debió hacer fue una declaración de luto.
Y en el caso de la Asamblea Nacional, quiere hacer una declaración inexacta de este suceso, eso sería una tomadura de pelo.
El 30 de septiembre quedó registrado en nuestra historia como un acto vergonzoso.
Debería la Asamblea dedicarse a redactar leyes que sirvan al país, interpelar cuando debe hacerlo y velar por el mandato que el pueblo le confió; no más.
Eleodoro Portocarrero Clark,
abogado, Guayaquil
Se sabe que por medallas, reconocimiento o por algún acto especial era ya una tradición entregar bonos en la institución, que alcanzaban casi los 27 millones; al reestructurar las partidas (presupuesto) que maneja el Estado, se suprimieron las mismas y la inconformidad dentro de las filas policiales se hizo evidente, aparte de que el ánimo ya venía caldeado desde hace tiempo con mensajes y panfletos anónimos. Esa acción fue el detonante o explosión de algo que ya venía cuajándose dentro de esos trabajadores públicos, así que ese día no fue más que un asunto laboral-social que debió habérselo tratado con mucho tino; lo que no existió. Ahora se quiere vender que ese día triunfó la democracia. Correa tuvo un alto grado de imprudencia que pudo haber terminado en una desgracia para él, porque se lo iba a llevar a los altares como “santo”, sin haber pasado un proceso. Lastimosamente se perdieron vidas, dejando a hijos huérfanos, madres solas y mujeres viudas, a las que una casa, una pensión o cualquier cosa no ayudarán para llenar el vacío que esas muertes les dejó.
Lo que más les duele de pronto es la ineficiencia judicial en el esclarecimiento de la verdad del 30-S. No solo perdieron los familiares de las víctimas, sino todo el Ecuador. Policía y Gobierno, principales actores de este hecho, deben hacer conciencia que mientras se desarrolló todo ese drama en Quito, el país estuvo a merced de maleantes y gente desocupada que también pecó y robó a diestro y siniestro.
Así lo viví y lo vi en Guayaquil en las calles 38 y Portete, cuando camiones repartidores de colas, agua, almacenes, etcétera, fueron desvalijados, digno de una película de terror; por lo que no vi razón para ahora festejar nada, sino que lo que se debió hacer fue una declaración de luto.
Y en el caso de la Asamblea Nacional, quiere hacer una declaración inexacta de este suceso, eso sería una tomadura de pelo.
El 30 de septiembre quedó registrado en nuestra historia como un acto vergonzoso.
Debería la Asamblea dedicarse a redactar leyes que sirvan al país, interpelar cuando debe hacerlo y velar por el mandato que el pueblo le confió; no más.
Eleodoro Portocarrero Clark,
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